Los ciudadanos en armas en acción

La fórmula de la «ciudadanía en armas», materializada en los principios organizativos de la Guardia Nacional y en el artículo 21.º de la Constitución Nacional, asoció violencia y ciudadanía, entendiéndose la toma de las armas como un legítimo derecho de los nacionales en defensa de las instituciones republicanas y de sus leyes. Este principio, que anteponía el vínculo de los ciudadanos con la Constitución por sobre el Gobierno y reivindicaba su capacidad de defensa de la república como un «deber-derecho» de los nacionales, fue el argumento que los opositores esgrimieron para justificar la revolución que encabezaron contra Wenceslao Posse.^[9] Los vínculos con el Ejército Nacional fueron esenciales para la reunión de fuerzas que rápidamente contrarrestaron la capacidad militar del grupo en el poder.^[10] La revolución se organizó en coordinación con las fuerzas nacionales al mando de Octavio Luna, quien rápidamente, y con ayuda de los coroneles tucumanos del Ejército Nacional Julián Murga y Juan Elías, formó un frente militar que articuló a los regimientos departamentales de la provincia y al resto de los batallones locales de la Guardia Nacional. Se destacó aquí una división de doscientos hombres procedentes de Monteros, departamento supuestamente controlado por la familia y por Campo, donde las influencias militares de los coroneles nacionales y de Dionisio Andrade fueron decisivas. En este rápido proceso, las fuerzas comandadas por Taboada también desempeñaron un papel central, presionando militarmente desde el este. Como contrapartida, los Posse no lograron organizar un frente armado con la misma velocidad y con similar densidad.^[11]