Capítulo VI: la proyección de un ideal empresarial: el control del gran chaco

Cuadro 14. Población del Paraguay por grupo de edades y sexo, años 1886/1887

Grupos de edadesHombresMujeres
Menos de 5 años20.32420.982
5 a 918.12718.186
10 a 149.97510.069
15 a 2010.64113.478
21 a 3022.58631.900
31 a 406.42018.697
41 a 503.49712.124
51 a 702.6529.284
Más de 716462.290
Total94.868 (40,91%)137.010 (59,09%)

Fuente: Rivarola, Corvalán y otros, 1974.

Además del declive demográfico, la Guerra Grande aportó la transformación del sistema de tenencia de la tierra de la región chaqueña que era entonces un recurso potencial para recomponer la maltrecha economía y reconstruir el país.12 Por ello, el gobierno «liberó» la tierra fiscal y legalizó la venta de miles de leguas cuadradas en los años que van de 1883 a 1886. La ley del 2 de octubre de 1883 y el decreto del 31 de enero de 1885 regularon la venta de bosques, yerbales y campos de pastoreo, ya que entonces las escasas exportaciones paraguayas se concentraban en rubros del sector primario tales como yerba mate, maderas, tanino y ganado. Las tierras fueron divididas catastralmente en leguas cuadradas y apropiadas en pocos meses por empresarios, sociedades, bancos, asociaciones y especuladores extranjeros, en su gran mayoría establecidos en la Argentina.13 El Estado paraguayo perdió así el control sobre sus riquezas naturales, y los pobladores de la región, casi en su totalidad indígenas, fueron incorporados a las grandes propiedades latifundistas. Esta situación fue señalada a finales del siglo xix por el geógrafo francés Eliseo Reclus y por el escritor Rafael Barret. Este último, además de denunciar las duras condiciones de trabajo impuestas a los indígenas, indicó que las empresas productoras de yerba mate y tanino eran algo así como un Estado dentro de un Estado, y «el obrero de la selva es un perpetuo vagabundo de su propia cárcel».14

Desde el momento en que acabó la guerra de la Triple Alianza, Argentina, uno de los países vencedores, se convirtió en el principal cliente del Paraguay al absorber un 70% de sus productos agrícolas, un 90% de sus productos forestales, y un 20% de su producción ganadera.15 Al mismo tiempo, Argentina fue el principal proveedor del Paraguay, ya que le enviaba alimentos, combustibles y lubricantes, pigmentos y pinturas, metales y maquinarias, vehículos, motores y manufacturas textiles. Hacia 1907, cuarenta años después de dar por acabado el conflicto bélico, la Argentina importaba productos paraguayos por un total de $ 1.414.337 os —repartidos entre maderas por $ 1.000.332 os, yerba mate por $ 305.912 os, y tabaco por $ 49.504 os— a cambio de enviar animales en pie por $ 80.950 os y harina de trigo por $ 92.086 os. No obstante, cabe señalar que la balanza comercial fue desfavorable para la Argentina cuyas ventas representaban apenas el 13% de las compras realizadas al Paraguay.16

En la década de 1970, Domingo Laino, entonces presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, publicó una obra ya clásica sobre la suerte corrida por las tierras chaqueñas paraguayas en las últimas décadas del siglo xix. Laino sostuvo que la guerra de la Triple Alianza «sólo benefició a pequeños grupos económicos de Londres, Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo», además de permitir a la Argentina incorporar a su jurisdicción el territorio incluido entre los ríos Bermejo y Pilcomayo (prácticamente la actual provincia de Formosa). Sobre esta base se asientan unas importantes reflexiones acerca de la naturaleza de la economía paraguaya durante el ciclo exportador que a su vez son deudoras de la demoledora crítica que el autor dirigiera a la Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya Limitada. El político criticó a la empresa tras visitar a los obrajeros del km 83 que trabajaban para la fábrica de tanino y que poco antes habían sido despedidos sin recibir indemnización alguna. Los peones, algunos de ellos con hasta treinta años de antigüedad en la empresa, se negaban en ese momento a abandonar la zona y permanecían en los vagones del ferrocarril que los Casado-Sastre habían hecho construir entre finales del siglo xix e inicios de la nueva centuria. Laino escribió:

En el momento de nuestro arribo, encontramos a los altos directivos y autoridades policiales y militares, tratando de persuadir a los peones para que desocuparan los vagones. Al segundo día de nuestra estada en Puerto Casado, recibimos una invitación del Dr. Velázquez, presidente de la empresa y yerno de uno de los Casado, para concurrir a su despacho en la administración de la compañía. Aceptamos la invitación, y en el lugar convenido encontramos al mencionado presidente en compañía del Jefe de Policía, el coronel encargado de la guarnición militar, el juez y representantes del sindicato. Quien habló en la reunión fue el Dr. Velázquez, relató ampliamente la acción social que la empresa realizó y sigue haciendo, las construcciones de viviendas para obreros, etc., y solemnemente dijo —bajando el tono de la voz— que Radio Moscú y Radio La Habana, estaban ya informando sobre lo ocurrido en ese momento en Puerto Casado. Esta insinuación hacia la hoz y el martillo (muy común por cierto, en este tipo de casos) como causantes del malestar, la protesta y la insubordinación de los peones, despertó profundos temores en los presentes, a juzgar por sus rostros.17

Tras este conflicto laboral, y a partir de la documentación del Registro Oficial de la República del Paraguay, Laino se interesó por desentrañar el contenido de las ideas liberales de los políticos de la época. Las medidas tomadas por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya durante el año y medio en que el triunvirato provisorio por ellos conformado rigió los destinos del maltrecho país, señaló Laino, sentaron las bases de gran parte de los conflictos socio-políticos que se arrastraban en el Paraguay.

En efecto, en setiembre de 1869 Rivarola, Loizaga y Díaz de Bedoya se habían apresurado a afirmar que su legitimidad no emanaba de la exclusiva voluntad de los países vencedores, sino de los principios del derecho internacional; la guerra de la Triple Alianza había desembocado, según ellos, en un periodo de «regeneración» para el Paraguay, convertido en una república democrático-representativa, y abierto al capital y a los extranjeros que quisiesen comerciar y ejercer las actividades productivas en el país aprovechando sus «elementos naturales y variadas producciones», entre ellas la yerba mate y las maderas, hasta ese momento monopolizadas por el Estado.18 El gobierno provisorio paraguayo expresó los principios que debían preparar el terreno de la organización nacional, es decir, libertad de pensamiento, prensa y culto; fin de la tiranía; y, fundamentalmente, garantía a la propiedad privada:

Que la propiedad, que carecía de toda garantía, sea de tal modo garantida, que ni aún expropiada por causa de utilidad pública, pueda serlo sin previa indemnización: —que la confiscación sea abolida y no pueda imponerse ni como pena; —y que el trabajo personal, los inventos y obras literarias sean propiedad exclusiva del individuo, inventor ó autor. Que donde fue prohibido el entrar y salir, transitar y traficar, el derecho de locomoción sea perfecto para la persona y los intereses: —que el pasaporte sea abolido. Que las puertas del Paraguay, cerradas y fiscalizadas, sean abiertas de par en par á todos los hombres del mundo que quieran residir entre nosotros, comerciar, ejercer su industria, su culto y sus artes libremente. Que la que fue tierra clásica de la tiranía, del monopolio y de la restricción, lo sea de la expansión, convirtiéndose en foco de todas las libertades conquistadas por la civilización y ya que el Paraguay es el último país de la América que se organice en la condición de pueblo libre, sea el primero en constituirse consagrando en su código todos y cada uno de las libertades de que gozan las demás naciones. Que la esfera de acción del individuo, sea tan ensanchada, como restringida la del poder que el pueblo delegue, no abdique, en cuerpo ó individuo alguno de su soberanía— y que los congresos no tengan la facultad de legislar sobre todo, sino sólo para lo que fueren facultados.19

Cirilo Antonio Rivarola mantuvo estos principios al convertirse en el primer presidente del Paraguay tras la consolidación constitucional de 1870. Reconoció la crisis demográfica del país20 y proclamó que «unidos paraguayos y extranjeros no habrá obstáculos al progreso y la civilización». Siguiendo esta pauta, el Paraguay impulsó la apertura al «elemento extranjero», de origen preferentemente europeo, con la finalidad de hacer frente a «la barbarie y el retroceso».21 En las últimas décadas del siglo xix, diversos especuladores extranjeros invirtieron en el Chaco paraguayo expandiendo establecimientos industriales tanineros sobre el río Paraguay.22 Romero ha señalado que las empresas más involucradas en el área chaqueña estaban domiciliadas legalmente en la Argentina: «la mayoría de las fábricas de tanino del Paraguay pertenecían a firmas argentinas o a empresas extranjeras que operaban en el país; en tal sentido, la industria del tanino en el Paraguay era un apéndice de la Argentina».23 La presencia de los Casado-Sastre, de Eloy Palacios o de Estanislao Severo Zeballos en el Chaco Boreal indica la hegemonía de la provincia de Santa Fe y de la ciudad portuaria de Rosario en este proceso de ocupación chaqueño; de hecho, Arturo Seelstrang, Enrique Foster y Manuel Obligado exploraron la zona chaqueña y en mayo de 1876 redactaron un importante informe en el que propusieron implementar allí el modelo colonizador santafesino ideado, entre otros, por Domingo Crespo, Aarón Castellanos y José María Cullen.24

El 6 de agosto de 1872, durante el gobierno provisorio de Juan Bautista Gil, se autorizó la venta de tierras hasta cubrir la suma de $ 300.000, decisión ampliada el 11 de noviembre de 1872 hasta alcanzar los $ 6.000.000 fuertes. Al finalizar el año se adjudicó en forma gratuita hasta una cuadra cuadrada a diversos pobladores con la intención de favorecer el minifundio pero se excluyó de este beneficio a la población indígena. A su vez, entre 1871 y 1872 el negocio de las emisiones de bonos paraguayos en Londres permitió acrecentar la riqueza personal de quienes intervinieron en el proceso financiero: el Paraguay consiguió 1.500.000 libras en el mercado londinense, aunque al país llegaron sólo 600.000 libras.25 El gobierno paraguayo intentó participar en las decisiones tomadas en Londres: el 23 de marzo de 1876, por ejemplo, el comisionado paraguayo Cándido Bareiro —en representación de los tenedores de bonos de los empréstitos solicitados por el gobierno paraguayo entre 1871 y 1872— acordó con la Corporación de los Tenedores de Bonos Extranjeros que el Banco Nacional del Paraguay Limitado formase parte del consejo de dicho organismo, pero el convenio, que fuera aprobado en la capital paraguaya en junio de 1876, fracasó en la capital británica a finales de ese año.

El 8 de agosto de 1877 el gobierno paraguayo organizó el sistema de tenencia de la tierra sancionando el Código Rural que obligaba a los propietarios a mensurar y amojonar sus propiedades. A su vez, la primera ley de inmigración de Paraguay fue dictada pocos años después de la guerra de la Triple Alianza; para organizar el proceso colonizador la Oficina de Inmigración fue reemplazada por el Departamento General de Inmigración. A partir de la década de 1880 los inmigrantes comenzaron a llegar al Paraguay coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto económico chaqueño. Los 35 artículos de la ley de Colonización e Inmigración paraguaya de junio de 1881 —como en Argentina hizo la ley de Inmigración y Colonización del año 1876, conocida como ley Avellaneda— procuraron regular el establecimiento de los agricultores extranjeros así como la enajenación de la tierra pública. La normativa abrió la puerta a las empresas particulares que se mostraran interesadas en establecer colonias otorgándoles la posibilidad de comprar 12 leguas cuadradas, es decir, un total de 22.500 ha. Los decretos de la época, consignados en el Registro Oficial de la República del Paraguay, identifican las empresas beneficiadas por la entrega de tierras paraguayas.26

El 7 de junio de 1880 una sociedad anónima londinense, representada por A. F. Baillie, fue autorizada a establecer en la capital paraguaya el Banco Anglo-Paraguayo de emisión, depósito y préstamos durante veinticinco años, con el privilegio exclusivo de emitir billetes hasta la instalación definitiva del Banco Nacional del Paraguay que fue prevista para el año 1883. El objetivo era que controlase la privatización de las tierras fiscales hacia el occidente del río Paraguay. De hecho, a lo largo de la década de 1880 el gobierno apeló a la venta masiva de tierras públicas mediante la aplicación de las leyes del 2 de octubre de 1883, de julio de 1885 y del 19 de agosto de 1886, así como del decreto reglamentario de la ley de venta de los territorios chaqueños de octubre de 1886. La ley de 1883 consolidó el sistema latifundista, la ley de venta de tierras públicas de julio de 1885 acabó por legalizar la privatización de las tierras, y el 7 de octubre de ese año se estableció el pago de la tierra adquirida en cuatro anualidades, la primera al contado y las tres restantes a través de pagarés firmados ante la Junta de Crédito Público.

Recién en ese momento el gobierno paraguayo levantó un croquis parcial del terreno y presentó sus primeros resultados a los potenciales compradores de los lotes. La normativa de 1885 dividió el territorio paraguayo en cinco secciones o clases de tierra, asignando también cinco precios distintos en función de la cercanía o lejanía respecto del río Paraguay. Las secciones de tercera, cuarta y quinta clase fueron identificadas en el Chaco paraguayo. La primera zona del Chaco, o tierra de tercera clase, la más valiosa de la región, quedó comprendida entre el río Pilcomayo y Villa Concepción, en todo su frente al río Paraguay, en una franja de 10 leguas hacia el interior occidental de dicho río. La segunda zona, la tierra de cuarta clase, estaba ubicada en la zona norte, entre el rio Pilcomayo y Villa Concepción, entre las diez leguas y las veinte leguas hacia el interior. La tercera zona, la más extensa de todas, comprendía las tierras de quinta clase e incluía todo el resto de las tierras del Chaco que eran las menos deseadas por su lejanía respecto del río Paraguay y su cercanía a los territorios disputados con Bolivia. El Estado paraguayo consideró la zona occidental como «confiscable», es decir, la calificó como «tierra fiscal», e implementó un novedoso organigrama político-administrativo departamental, creando el departamento de Boquerón.27 El precio de la legua cuadrada fue fijado en $ 300 en la sección de tercera clase, $ 200 en la de cuarta clase y $ 100 en la de quinta clase. Debemos considerar, además, que el valor de la legua cuadrada de las tierras de primera clase ubicadas en el Oriente paraguayo al este del río Paraguay, ascendía a $ 1.200, mientras que el precio de la tierra de la sección de la segunda clase fue establecido en $ 800 la legua cuadrada.28 La enajenación de tierras del Chaco paraguayo se hizo siguiendo el criterio de lotes cuadrangulares de cien leguas cuadradas para las zonas más alejadas del río Paraguay y de lotes rectangulares que se extendieron a lo largo de una legua sobre el río Paraguay y de diez leguas al interior del Chaco.29

Hasta la década de 1880 el Gran Chaco se caracterizó por la presencia de un importante número de poblaciones indígenas nómadas o seminómadas que subsistían gracias a la caza, la recolección, la pesca y alguna agricultura de estación. La región permaneció relativamente poco conocida y escasamente «conquistada» y ocupada por la población «blanca»30, tal como reconocieron los contemporáneos.

Entre febrero y agosto de 1886 el Congreso paraguayo aprobó el convenio firmado el 20 de marzo de 1886 entre el comisionado José Segundo Decoud y el consejo de tenedores de bonos extranjeros de los empréstitos contraidos en 1871 y 1872.31 El organismo aceptó utilizar el producto de la venta de la tierra fiscal y de los yerbales para prolongar el ferrocarril desde la zona de Paraguarí: según la ley del 22 de setiembre de 1887, el gobierno del presidente Patricio Escobar garantizó que Guillermo Stewart se convirtiese en concesionario del Ferrocarril Central del Paraguay con la condición de hacerlo llegar hasta Villa Rica.32 En abril de 1888 el gobierno paraguayo incluyó la Isla de Yacyretá en las 500 leguas de tierras que debían entregarse a los tenedores de bonos de los empréstitos de los años 1871 y 1872 y al año siguiente, el 13 de julio de 1889, el apoderado de aquellos tenedores apeló al acuerdo celebrado con José Segundo Decoud y solicitó la mensura de las tierras, la elaboración de los planos y la determinación de los títulos de propiedad.

Mientras tanto, el gobierno nombró al agrimensor F. Cabrera para amojonar y mensurar las tierras chaqueñas.33 El 26 de marzo de 1889 el ingeniero Henry Valpy pidió que fuesen aceptados los estatutos de la sociedad anónima del ferrocarril y poco después el Congreso paraguayo avaló la forma de pago de la prolongación.34 Finalmente, los bonos paraguayos del empréstito de 1871 y 1872 fueron cancelados y convertidos en Londres hacia 1893 por valor de 1.479.000 libras os. Dos años después, el 14 de agosto de 1895, el representante del Consejo de tenedores de bonos extranjeros en la capital británica, Henry L. White, firmó un convenio con el gobierno paraguayo que permitió el «arreglo» de la deuda externa del país.35

Crecía el interés del Estado por controlar su territorio y su población. A partir de los datos censales de finales del siglo xix, Manuel Benítez calculó que la población de la campaña paraguaya llegaba a 439.000 habitantes; la de Asunción a 51.719; las guarniciones de Bahía Negra y Fuerte Olimpo así como los obrajes y colonias particulares de la región occidental a 19.852 personas; la población de los yerbales era de 25.000 y la población indígena fue calculada en 100.000. El Paraguay tenía en 1899 unos 635.571 habitantes. Pese a no poder calcular con exactitud la superficie del país dado que aún no había sido trazada la línea divisoria definitiva con el país vecino (Bolivia), Benítez afirmó que sobre unos 315.994 km2 de territorio la densidad de población era de 1,839 habitante por km2.36

6.2. El proceso de privatización de tierras

En el inicio del proceso de venta de tierras fiscales, de las 16.590 leguas cuadradas de tierra fiscal en que se estimaba la superficie del territorio nacional, 8.550 leguas cuadradas (el 51,54%) correspondían a bosques, 7.200 a campos (el 43,40%), y 840 a yerbales (el 5,06%). Sólo 261 leguas cuadradas eran de dominio privado. El gobierno disponía entonces de dos recursos fundamentales: las tierras de la región occidental o Chaco ricas en quebracho, y los yerbatales del Alto Paraná en la región oriental. Las leyes de ventas de tierras públicas dejaron en el Chaco inmensas propiedades en manos de capitales extranjeros que en muy poco tiempo se beneficiaron de las necesidades del erario público.37

En 1911, Ramón Monte Domecq calculó que el Chaco paraguayo ocupaba una extensión de 220.000 km2, formando una inmensa llanura inexplotada a excepción de la zona cercana al río Paraguay en la que se habían ido instalando poderosas empresas.38 De este modo, las leyes de tierras beneficiaron a diversos empresarios ausentistas, gran parte de los cuales residían en la Argentina, los cuales privatizaron el Chaco paraguayo a través de grandes estancias y emprendimientos extractivos antes de la definitiva nacionalización del territorio en 1935.39 Entre los más grandes exponentes de las casas exportadoras de rollizos de quebracho y tanino, Monte Domecq identificó particularmente la sociedad anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras, así como la Compañía de Explotación de Bosques y Ganados The New York and Paraguay Company; Quebrachales Fusionados S. A.; el Sindicato Puerto Guaraní; la Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A.; y, finalmente, The River Plate Quebracho Company en el Puerto Palma Chica, Puerto María y Puerto Max. Las fábricas de tanino se encontraban ubicadas en los puertos surgidos al calor de la explotación del quebracho; la familia Mihanovich, mientras tanto, había monopolizado el transporte de la producción extractiva por el río Paraguay hacia la Argentina.40

Para Laino, fueron los recursos naturales «los atractivos fundamentales para las inversiones de las primeras empresas extranjeras y especialmente la industria del tanino, por ser el Paraguay y la Argentina los únicos productores mundiales de este recurso natural» asegurando la unidad de los destinos argentinos y paraguayos.41

Brezzo y Figallo sostienen que «a finales del siglo xix, unos 79 propietarios poseían casi la mitad de la tierra del Paraguay, el 50% de la superficie del Chaco pasó a manos de particulares, de entidades bancarias y sociedades extranjeras».42 La S. A. de Enrique Tornquist dedicada a las actividades financieras, comerciales e industriales, subrayó en un informe elaborado en 1910 —casi en el mismo momento en que se consiguió levantar el mapa catastral del Chaco paraguayo con el que nos documentamos en estas páginas— la dificultad para establecer el monto de los capitales extranjeros aplicados a hipotecas y propiedades en la zona rioplatense. Los 150.000.000 $ os provenían de «particulares residentes en el extranjero y sociedades de seguros extrangeras, invertido en hipotecas y propiedades». En cuanto a las casas de comercio y a las industrias establecidas en el país con capital extranjero y con créditos europeos acordados en descubierto, la S. A. de Enrique Tornquist calculó que controlaban unos 200.000.000 $ os. The Argentine Quebracho Co.; The Argentine Land & Investment Co. Ld.; la Santa Fe & Córdoba Great Southern Land Co. Ld.; y The Forestal Land, Timber & Hailways Co. Ld., eran compañías de tierras e hipotecarias radicadas en Argentina (Cuadro 15) pero con intereses en Paraguay.

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