Capítulo 11. El Estado, la diputación y el ayuntamiento en la administración de las escuelas de trabajo
El régimen económico de las escuelas de trabajo
Desde la publicación del Estatuto de Enseñanza Industrial de 1924 las escuelas tropezaron con el problema de la escasez de recursos, porque se hicieron depender sus fondos de la decisión de los organismos locales. La desorientación reinaba en un primer momento. No existía ninguna ley para indicar el destino que se le debía dar a estas consignaciones. Solamente, se sabía que tanto el ayuntamiento como la diputación debían liquidar una determinada cantidad, y que junto con el Estado, les correspondía sostener las escuelas de trabajo, desde la dotación de material y de becas hasta el pago del alquiler, la conservación y la reforma del edificio.[7]
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